La Justicia de la ciudad Autónoma de Buenos Aires allanó y clausuró el jueves pasado el estadio de Nueva Chicago, después de que el presidente de la nación, Alberto Fernández formara parte de un acto convocado por los movimientos sociales, con el objetivo de determinar si se respetó o no el aforo máximo de personas dentro de ese escenario.
La fiscal Celsa Ramírez, quien dirige la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEM), es la encargada de investigar si el evento realizado en el estadio del barrio porteño de Mataderos incumplió los protocolos para eventos en espacios públicos que rige por la pandemia.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal comunicaron que el personal acudió al lugar para intentar determinar si se violó el artículo 205 del Código Penal, que determina penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien viole “las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Teniendo en cuenta que el lugar en el que se llevó a cabo el evento, una cancha de fútbol, no rige el aforo del 50 por ciento como en las partidos, igualmente se debe cumplir la disposición para los “eventos masivos”, que en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, establece que desde el 1° de octubre serán “sin aforo y tope de 6.000 personas tanto en el interior como en el exterior, con recomendación de distancia”.
Asimismo, en las canchas de River Plate y Vélez Sarsfield fueron imputados los presidentes de ambos clubes, luego de los partidos que ambos equipos jugaron como local y en los cuales no se respetó el 50 por ciento de aforo.
La fiscal Ramírez inició la investigación de oficio ante la desobediencia del aforo durante el acto presidencial, luego de que el juez Alejandro Buján firmara la clausura. Por su parte, de acuerdo a fuentes judiciales, el club Nueva Chicago fue debidamente notificado.
