Después de doce días de reproches y acusaciones cruzadas, el proyecto llegó a la Cámara baja. Se abrió un nuevo compás de espera para terminar de cerrar el acuerdo
Continúan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición (Fotos: Nicolás Aboaf)
El gobernador bonaerense Axel Kicillof busca su revancha en la Legislatura bonaerense para que se apruebe hoy la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires, luego de semanas de reproches y negociaciones entre las espadas legislativas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
Kicillof esperó hasta las 15 de ayer para recibir una respuesta de la oposición con respecto a la segunda versión del proyecto de ley que le habían acercado y en el que el impuesto inmobiliario urbano -punto clave del conflicto político- abarcaba a menos cantidad de propiedades. Bajaba de 2.600.000 a 1.100.000 millones. Como la respuesta no llegó, decidió enviar esa segunda versión a la Cámara de Diputados.
Esa versión es la que se pretendía debatir a partir de las 11, pero por ahora no es posible. La Cámara baja decidió convocar a un cuarto intermedio indefinido para terminar de pulir detalles y cerrar el acuerdo. Desde el oficialismo son optimistas y siguen pensando que hoy se destrabará la cuestión. La oposición plantea reparos con respecto al aumento de Ingresos Brutos para la actividad portuaria en función del peso de la mercadería -artículo 100-. En algunos casos, esa suba podría superar el 1000 por ciento.
Una de las zonas afectadas es la del Río Paraná. El diputado zarateño de Juntos por el Cambio Matias Ranzini planteó en medio de las negociaciones: “La carga impositiva que quiere Kiciloff para los puertos va a generar que los barcos carguen y descarguen en Rosario o Ciudad de Buenos Aires, debemos cuidar la actividad portuaria bonaerense derivada de nuestra producción y obviamente su nivel de empleo. Los sindicatos también deberían de estar preocupados”.
La primera intención del gobierno bonaerense había sido tratarlo el viernes 26 de diciembre en el Senado, pero la oposición lo dejó sin quórum y le advirtió que debía entrar en una negociación de la letra chica del proyecto para lograr sacar una “ley de consenso”.
Con esa movida legislativa, Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría en la Cámara de Senadores y le puso un freno a la decisión de Kicillof de avanzar con el tratamiento de la ley en el final del 2019. Como la discusión de la ley se cayó durante la ausencia de la ex gobernadora María Eugenia Vidal -que está de vacaciones- tanto el mandatario provincial como los dirigentes que están en su gobierno afirmaron que había internas en la coalición opositora y que se estaba librando una batalla por el liderazgo del espacio político en la provincia de Buenos Aires.
Fueron días de cruces públicos, chicanas y posturas ideológicas plasmadas en la negociación y en los medios de comunicación. El punto de conflicto fue siempre el mismo: el aumento del 75% al impuesto inmobiliario urbano. La oposición fue clara desde el principio y marcó que no estaba dispuesta a respaldar ese aumento. Entonces, empezaron los tironeos para llegar a un punto de acuerdo.
Las últimas negociaciones se hicieron sobre la base del proyecto que fue enviado por Kicillof a la Cámara baja. Durante la tarde noche de ayer las reuniones las integraron los mismos interlocutores. Por el lado del gobierno provincial la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermin. Del lado de Juntos por el Cambio el tándem negociador estuvo integrado por el presidente del bloque de Diputados, Maximiliano Abad, y el senador bonaerense Juan Pablo Allan.
La oposición le pidió al gobierno provincial achicar más la cantidad de propiedades abarcadas por el 75% y que el descuento del 20%, que Kicillof había garantizado en el caso de que se pagara en efectivo y de una sola vez, sea del 25%. De esa forma, aquellos propietarios que abonen de una sola vez pagarán el 50%.
En paralelo, el diputado Walter Carusso, presidente del bloque Cambio Federal, que apadrinan el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, le presentó al Gobierno una propuesta diferente a la de Juntos por el Cambio con el fin de poder entrar en la negociación y encontrar el camino para el consenso.
Carusso le propuso a Federico Otermin agregar una escala nueva en la segmentación del impuesto y que aquellos que tienen propiedades con un valor fiscal que vaya entre 1.327.000 y 2.250.000 pesos paguen un 65% en cinco cuotas o un 55% en el caso de poder abonar en un solo pago.
De esta forma solo pagarían el 75% aquellos que tengan propiedades cuyo valor fiscal supere los 2.250.000 pesos. Para ese sector permanece el descuento del 20% en el caso de que abonen de contado y en un solo pago. Con este proyecto la cantidad de propiedades que tendrían que papar el monto más alto se reducirían en un 60%.
Como muestra de vocación negociadora, Kicillof modificó 9 puntos del proyecto original que sirvió para acercar posiciones con la oposición. Entre esos cambios decidió que los jubilados con haberes mínimos no paguen el impuesto inmobiliario urbano, reducir la alícuota de ingresos brutos a las actividades de los profesionales y a la venta de los comercios minoristas, extender beneficios para las pymes del sector agropecuario, descentralizar en los municipios el cobro de patentes modelos 2009, eximir del pago de tasas e impuesto inmobiliario a las asociaciones civiles y poner un techo al incremento del impuesto automotor, que no podrá ser mayor a la inflación del 2019.
Fuente: Infobae
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