El gobernador encabezó este miércoles la puesta en marcha de 20 obras del Plan de Infraestructura Penitenciaria para la Provincia, desde el municipio de Merlo.

“Cuando asumimos en 2019, la Provincia atravesaba muchas situaciones de crisis, pero una de las más graves estaba en su sistema penitenciario, que contaba con la mayor sobrepoblación de su historia”, aseguró Kicillof y agregó: “Se habían construido solamente 1.100 plazas en cuatro años y los internos estaban en huelga de hambre porque no se les garantizaban los alimentos y la medicación”.

Durante el acto, los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, suscribieron un convenio para continuar construyendo plazas en cárceles y alcaidías bonaerenses. Participaron también el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro; el intendente local en uso de licencia, Gustavo Menéndez; y la jefa comunal interina, Karina Menéndez.

En el marco del Programa de Infraestructura Penitenciaria bonaerense 2022/2023 se prevé completar las 12.200 nuevas plazas que comenzaron a construirse hace dos años. En Merlo, el nuevo complejo incorporará 2.296 a partir de una inversión de 8.650 millones de pesos destinados a la creación de las unidades penitenciarias 59 y 60 y una alcaidía departamental. En tanto, la Provincia financiará también la construcción de alcaidías en Berazategui, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Escobar.

Por su parte, el convenio celebrado con la Nación establece fondos por 18 mil millones de pesos para la construcción de tres unidades penitenciarias en Moreno, Mercedes y Florencio Varela; y 10 alcaidías en Moreno, Tres de Febrero, Tigre, La Plata, Hurlingham, Morón, La Matanza, Ezeiza, Lanús y Quilmes. Estas obras incluyen espacios educativos y de formación laboral, destinados a mejorar la reinserción social y disminuir la tasa de reincidencia.

Por último, Kicillof remarcó que “estamos llevando adelante una verdadera transformación del sistema penitenciario, para que las cárceles dejen de implicar una tortura y se conviertan en un camino hacia la reinserción social”. “Respetando los derechos humanos e impulsando planes educativos y talleres laborales, haremos que quienes cumplan sus condenas tengan las oportunidades necesarias para desarrollar una nueva vida”, concluyó.

Estuvieron presentes también la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador; Carlos Bianco; intendentes e intendentas; legisladores y legisladoras provinciales.