El anuncio del gobierno de la provincia, hecho hace algunos días, en relación al auxilio financiero con fondos del IOMA, destinados a Clínicas y Sanatorios, nos pone en alerta a los y las estatales.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires entendemos que el sector privado de la salud, del cual hemos sido críticos en su rol de prestadores de nuestra Obra Social, tiene que ser asistido por el Estado en el marco de la pandemia del coronavirus, por dos razones fundamentales: la primera, es la de no perder ninguna cama y la segunda, la de garantizar los salarios de los y las trabajadoras.
Ahora bien, este proceso, debe seguir siendo sostenido desde el Estado nacional y provincial con fondos de rentas generales. Si la provincia de Buenos Aires no cuenta con dichos fondos, debe garantizarlo el Estado nacional.
Este proceso ya ha sido aplicado a distintas empresas del sector privado, para el pago de salarios o para sostener la producción imprescindible en esta circunstancia de la pandemia.
Resulta por lo tanto inaceptable que los fondos que nos pertenecen a trabajadores y trabajadoras del Estado provincial sean usados para el sostenimiento del sector privado de la salud. En este sentido, planteamos nuestra preocupación por esta decisión unilateral del gobierno provincial, porque el IOMA se financia mes a mes con el aporte de los salarios de los estatales.
La propuesta de realizar un préstamo de 400 millones de pesos mensuales a las clínicas privadas y sanatorios no se nos informó, conociéndola a partir de la conferencia de prensa pública del Gobernador.
Cabría considerar además, que el acuerdo anunciado por el gobernador y su Ministro de Salud con las entidades privadas, se enuncia como un “préstamo” a devolver en 12 cuotas sin interés y en fecha incierta. Eso provocaría una merma aún mayor de nuestros fondos considerando que los valores de hoy serán menores al momento de ser restituidos sin intereses.
Nos preocupa que no haya una fecha precisa de devolución del préstamo y que no se ha puesto ningún tipo de interés atado a la inflación o al aumento de las prestaciones. Esta situación estaría desfinanciando aún más nuestra obra social.
Consideramos que, como lo marca la Ley de IOMA, los recursos deben ser invertidos en la mejora integral del sistema prestacional de la obra social. No podemos afrontar con los bajos salarios las necesidades que tenemos los estatales en la atención de la salud, máxime teniendo en cuenta que venimos de cuatro años del anterior gobierno, donde las prestaciones se caían vertiginosamente y donde no se cubrían las necesidades oportunamente, recayendo sobre el bolsillo de los afiliados y afiliadas.
Siendo los y las trabajadoras los legítimos dueños del IOMA, no hemos sido convocados en esta instancia para definir el destino de nuestros aportes y creemos firmemente que tal omisión ha sido errónea, puesto que no puede desconocerse nuestro protagonismo en la defensa de los derechos conquistados y en el sostenimiento de las políticas de protección, en etapas de gobiernos neoliberales que pretendieron arrasar con todo.
Es urgente avanzar en la implementación del impuesto a la riqueza, ya que allí están los recursos para asistir a todos los sectores que lo necesitan en esta pandemia.
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