En el escrito de la denuncia presentado, se cuestiona el hecho de haber recibido (octubre de 2020), con posterioridad a un pedido de acceso a la información pública, diferencias en los datos relacionados con los ingresos y egresos de la Quinta de Olivos.
La Fundación Apolo inició una querella por la posible comisión del delito de falsedad ideológica de instrumento público, a través de la representación de Antonio Fratamico, su presidente, y del patrocinio legal de los abogados José Magioncalda y Yamil Santoro.
En el escrito de la denuncia presentado, se cuestiona el hecho de haber recibido (octubre de 2020), con posterioridad a un pedido de acceso a la información pública, diferencias en los datos relacionados con los ingresos y egresos de la Quinta de Olivos respecto de la información que se le entregó, hace apenas algunas semanas, al periodista y usuario de la red social Twitter @gonziver (se desconoce su verdadera identidad). Parte de la información que no revelaron a la Fundación Apolo se relaciona con las visitas que asistieron al cumpleaños de Fabiola Yáñez, primera dama de la Nación, por lo que podría entreverse un intento de ocultar datos que posiblemente perjudiquen al presidente y a su entorno.
En nuestro país, el acceso a la información pública es un derecho humano que protegen los tratados internacionales de jerarquía constitucional. Es grave que el presidente de la Nación haya violado las normas que él mismo decretó; es muy grave que les haya mentido a todos los argentinos; y es gravísimo, desde el punto de vista institucional, el precedente que ha sentado el Poder Ejecutivo Nacional, por primera vez en la Argentina desde el retorno de la democracia a esta parte, al dar respuesta con datos falsos a un pedido de acceso a la información pública, que es, vale remarcar, un derecho humano fundamental.
La querella que suscriben con sus firmas el presidente de la Fundación Apolo, Antonio Fratamico, y sus letrados patrocinantes, José Magioncalda y Yamil Santoro, se presentó en la causa que lleva el número 4723/2021 y que se inició en relación al escándalo de la Quinta de Olivos (que referentes juveniles del partido político Republicanos Unidos denominaron «Olivos-Gate»). La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.° 7, a cargo de Sebastián Casanello.
