Dos semanas después de que los profesionales de la salud del Hospital Santamarina decidieran llevar adelante la medida de fuerza, finalmente el último viernes el Ejecutivo y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) -que nuclea a los trabajadores en cuestión- arribaron a un acuerdo tras la desavenencia generada luego de la aplicación de la cláusula de usufructo del convenio colectivo de trabajo, mediante la cual se les descontó el uno por ciento del salario básico.
El llamado “paro de lapiceras” consistió en no firmar las epicrisis y los bonos de las obras sociales, aseguradoras y otras prestadoras para perjudicar la facturación del Sistema de Salud, sin interrumpir la atención a pacientes.
Las partes sobrellevaron diversos encuentros para intentar acercar posiciones que no tuvieron demasiado éxito, hasta que a fines de la semana pasada alcanzaron una instancia de conciliación y los médicos decidieron poner punto final a la acción.
Desde la Cicop aceptaron el descuento por usufructo por única vez y de ahora en más el Gobierno comunal deberá acatar los pedidos de renuncia a ese descuento, hasta tanto exista una nueva mejora de condiciones laborales y los trabajadores tengan que volver a manifestar su voluntad negativa.
Vale mencionar que el artículo de usufructo hace referencia a que las mejoras salariales o de cualquier tipo conseguidas por la entidad gremial alcanzan a todos los trabajadores aunque que no están afiliados, entonces cada empleado no afiliado debe entregar el uno por ciento del salario básico al sindicato. La manifestación en contra de que se devengue el porcentaje referido se originó en la reivindicación de la libertad y autonomía sindical que defiende la Cicop frente a lo que consideran una hegemonía del Sindicato de Trabajadores Municipales, cuya representación no reconocen.
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Según informaron fuentes oficiales, tras el acuerdo la entidad gremial pidió avanzar con la reglamentación de uno de los artículos del convenio colectivo que es la bonificación por título y desde el Departamento Ejecutivo se comprometieron a analizar el tema para elaborar una propuesta en el término de 90 días.
Además, las autoridades señalaron que la medida no generará inconvenientes económicos pero que los profesionales deberán actualizarse con la firma de los bonos que tienen vencimiento de facturación.
