Los presos tomaron rehenes y reclamaron el regreso de las visitas de familiares, que habían sido suspendidas por la pandemia.
El fin de semana pasado se vivió un clima de mucha tensión en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Sin ir más lejos, los presos alojados en las Unidades de Florencio Varela, Campana, José León Suárez, Melchor Romero y Lisandro Olmos iniciaron varios motines en reclamo de que se restablezcan las visitas presenciales de familiares que llevan suspendidas desde el inicio del aislamiento por coronavirus.
La medida, que fue instalada allá por marzo de este año, fue tomada para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19 en todo el Servicio Penitenciario bonaerense (SPB). Todo ocurrió el día sábado, cuando el Gobierno bonaerense -a través de una mesa de diálogo conformada desde el inicio de la cuarentena- trabajaba para destrabar la protesta que derivó en al menos dos fallecimientos.
Durante la protesta, los reos de la Unidad 48 de José León Suárez tomaron como rehenes a los oficiales y suboficiales que en ese momento se encontraban de guardia. Al mismo tiempo, el reclamo llevó a que los internos coparan los techos de los penales.
En este sentido, fuentes del sector indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".
Desde la provincia confirmaron que en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela y Campana la situación era más tranquila y que el epicentro del reclamo quedó en las Unidades 46 y 48 de José León Suárez, San Martín. Allí hubo ocho celadores de rehenes, tres mujeres y cinco hombres.
Todos ellos fueron liberados horas más tarde, cuando el tenso momento llegó a su fin. Cabe destacar que a partir de lo ocurrido en abril en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde un interno falleció por disparos de postas de plomo, este armamento fue prohibido para ser utilizado por los penitenciarios. Por esta razón, tanto en Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público.
En las últimas horas del domingo, el Gobierno bonaerense, representantes del Poder Judicial y referentes de organizaciones de derechos humanos acordaron que a partir del 14 de noviembre serán habilitadas las visitas presenciales de familiares de detenidos dentro de los penales. Según informó en un comunicado el SPB, la habilitación se dará en el marco de un “estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitarios".
La decisión se tomó luego de la conformación de una mesa de diálogo, de las cual participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial, organizaciones de derechos humanos y representantes de los presos. Allí, se firmó un acta de acuerdo en el cual se dispuso que, a partir del sábado 14 de este mes, serán habilitadas las visitas en las unidades penitenciarias bonaerenses.
Por otra parte, se informó que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud provinciales, a cargo de Julio Alak y Daniel Gollan, respectivamente, junto al SPB “comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”.
Durante la protesta, los reos de la Unidad 48 de José León Suárez tomaron como rehenes a los oficiales y suboficiales que en ese momento se encontraban de guardia. Al mismo tiempo, el reclamo llevó a que los internos coparan los techos de los penales.
En este sentido, fuentes del sector indicaron que desde el inicio del aislamiento "los detenidos fueron habilitados a utilizar teléfonos celulares para comunicarse y mantener video llamadas con el fin de no cortar el vínculo con sus familiares".
Desde la provincia confirmaron que en las cárceles de Melchor Romero, Florencio Varela y Campana la situación era más tranquila y que el epicentro del reclamo quedó en las Unidades 46 y 48 de José León Suárez, San Martín. Allí hubo ocho celadores de rehenes, tres mujeres y cinco hombres.
Todos ellos fueron liberados horas más tarde, cuando el tenso momento llegó a su fin. Cabe destacar que a partir de lo ocurrido en abril en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, donde un interno falleció por disparos de postas de plomo, este armamento fue prohibido para ser utilizado por los penitenciarios. Por esta razón, tanto en Florencio Varela como en San Martín concurrió un juez de garantías y un defensor público.
En las últimas horas del domingo, el Gobierno bonaerense, representantes del Poder Judicial y referentes de organizaciones de derechos humanos acordaron que a partir del 14 de noviembre serán habilitadas las visitas presenciales de familiares de detenidos dentro de los penales. Según informó en un comunicado el SPB, la habilitación se dará en el marco de un “estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitarios".
La decisión se tomó luego de la conformación de una mesa de diálogo, de las cual participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial, organizaciones de derechos humanos y representantes de los presos. Allí, se firmó un acta de acuerdo en el cual se dispuso que, a partir del sábado 14 de este mes, serán habilitadas las visitas en las unidades penitenciarias bonaerenses.
Por otra parte, se informó que los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y de Salud provinciales, a cargo de Julio Alak y Daniel Gollan, respectivamente, junto al SPB “comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”. Noticias relacionadas
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