El interventor de la seccional bahiense del gremio de la construcción señaló que, siguiendo un protocolo de seguridad, se pueden emprender o retomar proyectos públicos y privados.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina procura reactivar paulatinamente su sector y comenzó a trabajar en un protocolo que aplica tanto a obras públicas como privadas.

“En caso de obras que demanden la ejecución de gran cantidad de personal se deberá establecer un mínimo de tres turnos para llevar a cabo las mismas”, señalaron fuentes sindicales.

Además, detallaron que se permitirá un trabajador por cada 16m2 de la construcción, cumpliendo con las normas de seguridad e higiene y manteniendo dicha distancia estipulada.

“La idea es ir habilitando obras para que comience girar la rueda de la producción y de esa manera paliar la difícil situación de muchas familias, que hoy no tienen prácticamente ingresos. Pero dependemos de que el Ejecutivo nos dé el visto bueno”, reconoció Carlos Segundo Jongewaard de Boer, interventor de la seccional Bahía Blanca de la UOCRA.

El proyecto incluye que para la circulación del personal (del respectivo hogar al trabajo), el propietario de la empresa y/o propietario particular deberá gestionar y contar con la autorización de la autoridad competente.

En dicha autorización deberá constar la ubicación de la obra y los horarios de trabajo.

En ese sentido, cada trabajador deberá trasladarse al lugar de trabajo por sus propios medios y no podrá utilizar ningún medio de transporte público. Aquellos empleados que manifiesten no tener un medio propio para trasladarse, la empresa será la encargada del traslado, desde su domicilio al lugar de obra y viceversa.

La empresa y/o propietario de la obra deberá garantizar a cada trabajador los elementos de seguridad e higiene personal, y proveer de barbijos y alcohol en gel, debiendo realizar el control de temperatura corporal (a través del insumo certificado por el Ministerio de Salud Pública) al ingreso de cada empleado, en forma diaria, y asentando el registro en un legajo que deberá resguardarse en sede de la empresa y/o lugar de obra.

Cada trabajador deberá contar con un refrigerio que deberá llevarse a cabo en el obrador, manteniendo una distancia de 2m entre cada uno.

En caso de incumplimiento a dichas pautas, en obras privadas se impondrá una multa equivalente a un día del jornal de todos los trabajadores que estén afectados a dicha obra.

En caso de tratarse de obras públicas la multa será el equivalente a tres veces el jornal de todos los empleados que estén en dicha obra.

“Queremos trabajar en forma segura, tomando todos los recaudos del caso, porque creemos que es posible”, amplió De Boer.

Mientras tanto, Gerardo Martínez, titular del gremio a nivel nacional, reconoció que la recaudación del sindicato cayó abruptamente y corre riesgo la obra social, al punto de afirmar que no puede pagar los salarios de los empleados que allí cumplen funciones.

“No todos tenemos las mismas posibilidades. Los trabajadores públicos tienen garantizado el ingreso. Los privados, sean de la construcción, textiles, gastronómicos o metalmecánica, estamos en inferioridad de condiciones. No hay garantía ante el parate. Con esto no pongo en segundo plano el protocolo de sanidad, sino que ya se tendría que estar yendo hacia una flexibilización”.

Y agregó: “Hay más de un millón de personas que viven al día: personal doméstico, monotributistas, changarines, que no tienen ingresos. Muchos no figuran en base de datos para recibir subsidios. Y si no hay desarrollo económico, el Estado no va a tener presupuesto para afrontar la crisis. Tenemos que buscar con ingenio cómo reanudar algunas actividades. Tiene que ser gradual. Por eso insistí en la mesa de crisis, ante el Gobierno, los representantes del comercio y la industria”.

En ese sentido, Martínez sugirió poner un marcha un sector de la industria del trabajo.

“Estamos en un país semiparalizado. Pongamos en marcha un 20%, sin arriesgar la salud de los trabajadores. Hay un montón que se pueden reanudar con protocolos. Algunas ya empezaron, como una represa en Santa Cruz: hay 1.600 compañeros que viven en pabellones y ninguno está infectado. La obra está cercada”.

Fuente: La Nueva