La Asociación Judicial Bonaerense repudia la decisión política y judicial de desalojar los terrenos ocupados en Guernica, "con un uso innecesario de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad". Reclaman al Estado una política integral de acceso a la vivienda.
"En el día de ayer asistimos con pavor al peor desenlace. Mil cuatrocientas familias que ocupaban terrenos en la zona de Guernica fueron desalojadas violentamente por más de 4.000 efectivos de las fuerzas de seguridad al mando del ministro Sergio Berni", expresaron desde la AJb en un comunicado.
Sostienen que "tanto el Poder Judicial como el gobierno provincial, en vez de profundizar los esfuerzos para encontrar una solución integral y pacífica a la situación, habilitaron el camino de la represión".
"Nuevamente las balas, los gases, el incendio de las viviendas precarias instaladas en el predio y las detenciones fueron la solución elegida frente a un problema estructural que padecen amplios sectores de la población", manifestaron.
Además, opinan que "la medida represiva se aplica sobre un sector al que la crisis económica, profundizada por la pandemia, ha arrojado a la marginalidad y a la precarización de sus condiciones de vida, y que intenta soluciones desesperadas frente a una realidad que puso en serio peligro su sustento diario"
Por otra parte, expresaron que como trabajadoras y trabajadores judiciales "no podemos soslayar el rol que cumplieron los fiscales Juan Cruz Condomi Alcorta, Lisandro Damonte y Marcelo Romero, que pretendieron aportar un viso de legalidad a una salida represiva, que ignoró de manera flagrante los propios protocolos dispuestos por la Suprema Corte para llevar a cabo desalojo en la provincia de Buenos Aires. A su vez, las imágenes difundidas por Condomi Acorta en redes sociales expresan con claridad la irresponsabilidad y ausencia de empatía con que una parte de las y los magistrados conciben los conflictos sociales en los que están involucrados sectores con derechos vulnerados".
A su vez, sostienen que "la utilización desproporcionada del poder punitivo estatal contra personas en situación de vulneración de derechos se contrapone con el tratamiento que recibe un número creciente de grandes emprendimientos en la provincia de Buenos Aires, en muchos casos edificados de manera irregular, en terrenos fiscales y con trato impositivo privilegiado".
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