La AJB se reunió con Eduardo Santín para conocer de primera fuente la situación del Instituto. Se reclamó consensuar medidas con los gremios para reducir el déficit y la renovación de un convenio con la AJB para acelerar trámites jubilatorios.
De la reunión, realizada a través de una plataforma de videoconferencias, participaron además del presidente del IPS, integrantes de la conducción provincial de la AJB y de la Subsecretaría de Jubilados y Pensionados.
La entrevista había sido solicitada por el sindicato con el fin de conocer en profundidad la situación del Instituto de Previsión Social y el plan de trabajo que propone el gobierno provincial ante la situación de déficit de la caja previsional y los rumores de intentos de “armonización” con el régimen jubilatorio de la ANSES.
En primer término, la AJB saludó la apertura del diálogo y reclamó la necesidad de acordar un mecanismo formal y permanente de intercambio entre las autoridades del IPS y los gremios estatales.
Por su parte, Eduardo Santin manifestó la preocupación de las autoridades del IPS y del gobierno provincial por el crecimiento del déficit registrado en los últimos años en la caja previsional, y ratificó la decisión oficial de no modificar algunos aspectos relevantes del sistema jubilatorio provincial, tales como la edad jubilatoria, el cálculo del haber iniciar y el régimen de movilidad. Sin embargo, advirtió que el resto de los parámetros del régimen jubilatorio están en discusión.
De acuerdo a lo manifestado por Santin en la reunión, el IPS registró en 2019 un déficit superior a los 20.000 millones de pesos y proyecta un resultado negativo para 2020 cercano a los 35.000 millones. De acuerdo a lo informado por el funcionario, luego de 25 años de equilibrio de la caja jubilatoria, en el año 2016 se inició un proceso de marcado deterioro de los indicadores económicos del IPS como consecuencia de las medidas llevadas a cabo sobre el empleo público provincial por la administración de María Eugenia Vidal.
El congelamiento de ingresos a planta y su reemplazo por contrataciones precarias de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores cuyos aportes no se destinan al IPS, así como el incremento exponencial de las jubilaciones de oficio y otras generadas por el temor a cambios en el régimen jubilatoria anunciados por el gobierno anterior, produjeron un cambio drástico en la relación entre aportantes y beneficiarios que derivó en la actual situación deficitaria del Instituto y el vaciamiento de la totalidad de los fondos acumulados por el IPS durante varios años.
Luego del informe de Santín, las y los representantes de la AJB reclamaron la necesidad de que el gobierno provincial implemente de manera urgente medidas que reviertan las políticas de precarización del empleo público provincial que causaron el déficit, como por ejemplo el pase a planta permanente de los contratos basura, la eliminación de las jubilaciones de oficio, el blanqueo de las sumas en negro que existen en diferentes sectores del Estado, y la reversión del proceso de tercerización de servicios estatales como el de la limpieza de los edificios públicos.
En la misma línea, en tanto el deterioro de las cuentas del IPS fue exclusiva responsabilidad de las políticas impulsadas desde el Estado, la AJB manifestó que bajo ninguna circunstancia la recuperación del equilibrio perdido puede habilitar modificaciones al régimen jubilatorio de las y los estatales de la Provincia.
Para abordar la actual problemática, el gremio judicial reclamó al Presidente del IPS la conformación de una instancia formal de trabajo con la totalidad de los gremios estatales donde se analice en profundidad con información suficiente la situación económica y financiera del Instituto, para luego construir en consenso las estrategias que permitan recuperar el equilibrio de la caja sin pérdida de derechos para las y los trabajadores.
Como medida de fondo, la AJB trasmitió a Santín la necesidad de adecuar el órgano de gobierno del IPS al mandato de la Constitución Nacional, garantizando que las y los trabajadores estatales -mediante la elección libre y democrática de sus representantes-, sean quienes administren la caja jubilatoria para que finalmente deje de ser el botín de los gobiernos de turno.
Finalmente, la AJB planteó la importancia de actualizar el convenio de cooperación e intercambio de información suscripto en 2011 entre el gremio judicial y el IPS, que permitía el acceso directo a la información de los trámites jubilatorios de las y los trabajadores judiciales, acelerando significativamente sus tiempos de resolución.
Los intentos históricos de armonización y la reciente firma de un convenio con la ANSES
Cabe resaltar que en sus más de 70 años de existencia el IPS ha demostrado su capacidad y eficacia para garantizar jubilaciones dignas, con una adecuada relación entre el haber jubilatorio y el salario del trabajador o trabajadora en actividad, sobre la base de un sistema solidario y probadamente sustentable.
Sólo las políticas llevadas adelante por diferentes gobiernos, como así también la utilización del superávit del Instituto para otros fines distintos al previsional, han llevado a situaciones puntuales a lo largo de la historia en que el IPS arrojó resultados deficitarios.
Varios fueron los intentos de “armonización” del IPS con el régimen jubilatorio de la ANSES desactivados por la movilización de las y los trabajadores. Los gobiernos de Felipe Sola, Daniel Scioli y más recientemente María Eugenia Vidal tuvieron que desistir de proyectos que pretendían modificar el régimen jubilatorio a partir de la reacción colectiva de las y los trabajadores estatales de la Provincia.
Recientemente, la firma de un Convenio de asistencia financiera suscripto entre la ANSES y la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas. La preocupación de los gremios radicó en que la transferencia de recursos de la Nación a la Provincia habilitada por dicho convenio se realiza en el marco de lo establecido por el Titulo V de la ley 27.260, que regula la “Armonización de Sistemas Previsionales Provinciales”.
Al respecto, en una reunión realizada hace pocas semanas con los gremios estatales, la actual Ministra de Trabajo provincial, Mara Ruiz Malec, informó que con la reforma operada en 2018 a la ley 27.260 el financiamiento del Estado Nacional a los regímenes previsionales provinciales ya no requiere como contraprestación la armonización de sus condiciones jubilatorias con el régimen general de la ANSES. La funcionaria agregó que el convenio sólo tiene como objetivo garantizar la percepción de las transferencias del Tesoro Nacional que corresponden a la Provincia de Buenos Aires, lo que permite atenuar el impacto del déficit actual del IPS en las cuentas provinciales.
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