El Tribunal de Casación bonaerense se expidió sobre la situación penitenciaria haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias pese a que las mismas no hubieran adquirido firmeza. 

Con la firma del presidente del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Borinsky, se dispuso sobre la causa que comenzó en la Sala I del propio órgano de justicia, donde se había dado lugar parcialmente a un Hábeas Corpus colectivo presentado por un grupo de defensores de la provincia, en el cual se solicitaba el otorgamiento del arresto domiciliario para determinados grupos que se presentan como de riesgo ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Pidió entonces a los jueces intervinientes que,de forma inmediata, dispongan las medidas que cumplan con dicho fin según los criterios establecidos, debiendo dar comunicación a las víctimas.

A su vez, el Tribunal rechazó el pedido que realizó el Defensor de Casación provincial, por el cual se le exigía la función de asumir el monitorio y seguimiento de los expedientes derivados de los distintos departamentos judiciales involucrados en la medida peticionada. Se denegó también el pedido de la Asociación Civil “Fortalecidos por el dolor”, quien solicitaba información sobre las causas de los detenidos que fueron o irán a ser liberados conforme con las pautas establecidas.

La decisión sobre la inmediatez en la toma de decisión por parte de los magistrados, pese a no haber adquirido firmeza el pronunciamiento que las dispone se motivó producto de determinadas denuncias de incumplimiento por parte de jueces de primera instancia, quienes se negaban a ejecutar la medida.