Para evitar el contagio masivo en las cárceles y tras confirmarse el primer caso de coronavirus en contexto de encierro, la Justicia evalúa liberar presos para evitar el hacinamiento.

Los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires insisten en su pedido de que salgan de prisión -ya se con detenciones domiciliarias o excarcelaciones- los presos bonaerenses que son grupo de riesgo ante el coronavirus. Si bien un fallo hizo lugar a su planteo, la Fiscalía lo apeló para que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la provincia y lo revoque.

El planteo fue hecho ayer a la tarde, poco después que se conoció el caso del primer preso bonaerense en contraer coronavirus, una situación a la que no se buscaba llegar por la propagación que el virus puede tener en las prisiones de la provincia por el hacimiento y las malas condiciones de salud e higiene.

En ese sentido, un Gustavo Galasso -abogado penalista- explicó en AIRE BONAERENSE que “las medidas se empezaron a implementar tras diferentes fallos, a raíz de la pandemia, con el fin de morigerar y excarcelar a ciertos grupos de riesgo que hayan sido detenidos bajo hechos de delitos leves”.

“La discusión se centra ante el descontento social por esos pedidos”, sostuvo.

Casación (con la firma del juez Víctor Violini) hizo lugar a un habeas corpus que los defensores generales presentaron a favor de los presos en situación de riesgo. El tribunal resolvió, mientras dure el aislamiento social el arresto domiciliario de los presos por delitos leves y que son grupo de riesgo. Sobre los internos en situación de riesgo pero alojados por delitos graves, dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en su casa resguardando la integridad de las víctima.

En ese sentido, el abogado explicó que “la cárceles son para la reinserción de los reos, con lo cual, no es la idea generar un peligro ante el ingreso del COVID19 en las unidades penitenciarias”. Celebró la medida y sostuvo que “son atinadas las decisiones que se fueron emitiendo pero se debe determinar cada caso en particular para otorgar esa morigeración”.

Ante la consulta, el abogado opinó que “para evitar la sobrepoblación carcelaría” en los casos de violencia de genero (los que son considerados un delito leve) “el detenido debe estar en su domicilio y monitoreado por el Estado”.

“No podemos generar que, ante una pandemia, el peligro de que un caso de COVID19 sea una bomba de tiempo”, agregó.

Lo cierto es que la violencia de género creció durante la cuarentena y la propia ministra de Mujeres, políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, estela Díaz, explicó que el 80% de los casos suceden dentro la vivienda de la pareja.

Poco atinado en su opinión, el letrado explicó que “los delitos de violencia de género, son delitos que ante la ley procesal resultan ser excarcelables”. Ante ello, sugirió al poder estatal que “debemos disponer las medidas y herramientas para tratar de que estos delitos, por ejemplo, con una prisión domiciliaria y con un monitoreo electrónico puedan tener eyectado una detención de una unidad penitenciaria o disponer en las resoluciones el aislamiento con la victima y que eso se controle”.

“Hoy una persona está detenida por lesiones leves, en el marco de un caso violencia de género, con otras 105 personas que están por homicidio o secuestro”, sostuvo y agregó: “hay que empezar a diferenciar. Las cárceles no pueden estar abarrotadas de detenidos”.

“Hay detenidos que podrían estar con medidas de coerción en su domicilio y controlados desde el Estado”, explicó Galasso.

Por su parte, sostuvo que “el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles viene acarreado al mal uso de la prisión preventiva”.