La jueza María Eugenia Capuchetti dispuso aceptar como querellante a la Fundación Apolo en la causa abierta por el Presidente de dicha fundación, Antonio Fratamico, junto a los abogados José Magioncalda y Yamil Santoro, a fin de que se investigue el posible delito de falsedad ideológica de instrumento público en torno a la causa conocida públicamente como “Olivosgate”.

Esto es respecto de los funcionarios nacionales que habrían entregado información falsa a los denunciantes, en relación a los ingresos y egresos a la quinta presidencial de Olivos, durante la pandemia.

Al momento de la presentación de la denuncia, quienes la suscriben cuestionaron el hecho de haber recibido, en Octubre del 2020, y como respuesta a un pedido de acceso a la información pública sobre ingresos y egresos a Olivos, datos diferentes a los que le fueron entregados en 2021 al periodista identificado en Twitter como @gonziver.

Parte de la información que no revelaron a la Fundación Apolo se relaciona con las visitas que asistieron al cumpleaños de Fabiola Yáñez, primera dama de la Nación, por lo que podría entreverse un intento de ocultar datos que posiblemente perjudiquen al presidente y a su entorno.

La petición para querellar, que firmaron Antonio Fratamico -Presidente de la Fundación Apolo-, junto a los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, se presentó en la causa que lleva el número 4723/2021, y que se inició ante el escándalo del <<OlivosGate>> en el Juzgado de Sebastián Casanello, para luego ser derivado al Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, a cargo de María Eugenia Capuchetti.